OPINIÓN: Se dice que: Alcaldes bajo sospecha
***Hay alcaldes que necesitan con urgencia un buen abogado. No uno de cabecera, sino de resistencia prolonga
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Gobiernos en la mira
Hay alcaldes que necesitan con urgencia un buen abogado. No uno de cabecera, sino de resistencia prolongada. Al menos veinte presidentes municipales en funciones —de Morena, PRI, PVEM, PRD, MC y toda la paleta institucional del Edomex— figuran en las investigaciones de la Fiscalía vinculadas a los operativos Enjambre, Liberación y contra la red de huachicol encabezada por Don Checo. No están formalmente imputados, pero sus nombres aparecen una y otra vez entre los informes ministeriales, las rutas delictivas y los silencios perfectamente documentados.
Lo que los une no es el partido, es el patrón: gobernaron municipios donde operaban redes criminales complejas —extorsión, tomas clandestinas, protección armada, cooptación policial— y jamás vieron nada. No denunciaron, no desmantelaron, no se deslindaron. Mientras en sus territorios se suicidaban directores de Seguridad, se instalaban centros logísticos del crimen y se repartía gasolina robada a cielo abierto, ellos colgaban banderitas tricolores o subían selfies institucionales. La omisión dejó de ser una falta política: se volvió una coartada funcional.
No es que no supieran. Es que saber y callar fue parte del arreglo. La Fiscalía lo investiga. El Estado lo toleró. Y la ciudadanía —la que sobrevive— lo empieza a nombrar. Aunque ellos sigan sonriendo en la foto oficial.
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La gira del poder que no se va
El poder, cuando se siente desplazado, no se jubila: se reconfigura. Higinio Martínez extiende su celebración de 50 años en la política como una gira paralela de legitimación territorial. No importa que no tenga cargo formal en el gobierno del Estado de México; importa que en Texcoco, Ecatepec, Tultitlán y ahora Toluca, convoca, ordena y delimita espacios, mientras la administración de Delfina Gómez guarda silencio.
Cada acto no es un homenaje, sino una afirmación de mando. Los municipios que recorre no son recuerdos, son enclaves: ahí opera su grupo, ahí ensaya obediencia, ahí dibuja un mapa alterno al que emana de Palacio. El mensaje no es nostálgico, es vigente: el poder también se ejerce desde el margen cuando el centro titubea. La fiesta es sólo la forma. La disputa por la hegemonía es el fondo.
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El poder detrás del crimen
El Estado de México es hoy territorio intervenido por redes criminales que se ramifican en todas direcciones: huachicol, narcotráfico, extorsión, robo de vehículos, factureras, giros negros. Esa telaraña no se urdió en la oscuridad de la noche: se construyó con permisos, protección institucional y pactos duraderos durante los años del régimen priista. Lo sabemos. Lo vimos. Lo sobrevivimos.
Pero si los operadores están identificados, si los jefes de plaza caen, si las pipas se incautan, lo que permanece intacto es la cúspide del esquema. Porque el dinero —miles y miles de millones— no se evapora: se lava, se canaliza, se invierte y se protege. Y eso exige estructura, ingeniería financiera, redes jurídicas, avales bancarios y cobertura política. La pregunta que nadie responde no es dónde están los delincuentes, sino quién está por encima de ellos, quién sostiene el andamiaje, quién articula el sistema sin mancharse de pólvora.
De esas figuras no hay retrato. Ni orden de aprehensión. Solo silencio, blindaje… y rentabilidad.
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Juicios pactados, agua sucia
En la CAEM opera una maquinaria oculta: el área jurídica estaría perdiendo litigios a propósito a cambio de sobornos millonarios. La denuncia llegó desde dentro. No es contra la titular, pero sí bajo su responsabilidad.
Beatriz García Villegas, vocal ejecutiva recién nombrada, tiene bajo su mando un aparato que no sólo gestiona agua: negocia derrotas. Si el esquema es real, hablamos de una estructura que convierte los juicios en botín, los expedientes en moneda y la justicia en trámite tarifado.
García Villegas no aparece como autora, pero sí como responsable. Su silencio, hasta ahora, protege más a los operadores que a la institución. Si no investiga, convalida. Si no limpia, ensucia. En un organismo como la CAEM, el agua también puede enturbiarse desde los tribunales.
Dique judicial
El Tribunal de Justicia Administrativa del Edomex, presidido por el magistrado Gerardo Becker Ania, ha actuado más como barrera que como frente de combate a la corrupción. Su nombramiento —una continuidad del régimen priista— y su gestión muestran un organismo que aprueba reformas, inaugura salas y se proclama moderno, pero al mismo tiempo se encarga de torcer los procesos disciplinarios internos y proteger a quienes se exponen por denunciar irregularidades.
El informe de Fiscalización es explícito: este tribunal se convierte en un colador legal, capaz de filtrar expedientes y diluir sanciones, mientras guarda silencio sobre las represalias denunciadas contra funcionarios que rompieron la cadena de impunidad. Becker no fabrica acuerdos, pero los conserva.
El diagnóstico es urgente: el TRIJAEM necesita una reforma profunda, no más conferencias sobre “justicia digital”. Si el dique no se abre, seguirá encubriendo a los que deben rendir cuentas, garantizando que la corrupción se administre —no se combata.
