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OPINIÓN: Se dice que: Cartel inmobiliario asedia Jilotzingo

8 de septiembre de 2025

***No se trata de crecimiento urbano: es una estrategia de segregación planificada, desplazando a las comunidades originarias a periferias precarizadas

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Los tres tokens y una justicia coja

El caso del desvío de 32 millones de pesos en el Tribunal de Justicia Administrativa no puede seguir reduciéndose a un expediente contra Omar Esquivel López. Es cierto: como usuario “003”, su token se utilizó para ejecutar los movimientos bancarios, pero la propia arquitectura institucional establece que ninguna operación de esa magnitud podía realizarse sin la autorización previa del “002” —entonces Tomás Delgado de León, director de Administración— y, a su vez, Delgado no podía aprobar nada sin la validación del “001”, asignado al presidente del Tribunal, Gerardo Becker. En esa cadena de mando, tres niveles concentran control y responsabilidad. Si el token 002 fue el que efectivamente se usó para liberar los fondos, no es posible que las autoridades judiciales mantengan fuera de toda investigación a quienes ostentaban el poder decisorio. Omar no es inocente, pero tampoco es el único; el mínimo rigor obliga a imputar no solo la ejecución, sino la autorización y la supervisión. Si no se investiga a los tres, la justicia que se administra no es justicia: es coartada.

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Replicar Huixquilucan: asedio al Bosque de Agua

El avance del cartel inmobiliario sobre Jilotzingo busca trasladar el modelo Huixquilucan al corazón del Bosque de Agua. No se trata de crecimiento urbano: es una estrategia de segregación planificada, donde enclaves de hiperlujo como Bosque Real e Interlomas se erigen como símbolos de exclusión, desplazando a las comunidades originarias a periferias precarizadas. Aunque el proyecto Bosque Diamante está suspendido, su sola existencia evidencia un patrón sistémico: urbanizar reservas ecológicas críticas para extraer plusvalías inmediatas. Frente a un ecosistema que abastece de agua a más de 20 millones de personas, el dilema es ético y ontológico: ¿territorio como bien común o mercancía? Si el gobierno estatal pretende romper con este ciclo, cancelar los permisos vigentes sería el único punto de partida. No hacerlo es claudicar ante un modelo que sacrifica el agua por el ladrillo.

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La república de los egos premiados

La última edición de la revista Líderes volvió a confirmar que el mercado del reconocimiento opera con la misma lógica que el fast fashion: brillo efímero, consumo rápido y olvido inmediato. Los supuestos “premios” terminan convertidos en una coreografía de egos inflados, fotos cuidadosamente iluminadas y discursos que confunden marketing con mérito. Entre los nombres mexiquenses que acudieron al altar de la autocelebración destacan Fernando Flores, alcalde de Metepec, y Enrique Vargassenador y aspirante a regresar a la alcaldía de Huixquilucan: ambos se colgaron la medalla sin preguntarse si la narrativa de “liderazgo” sobrevive a la prueba más básica de realidad. La gobernadora, en cambio, hizo bien en declinar la invitación: pocas cosas son tan patéticas como premiarse a uno mismo mientras los problemas estructurales siguen sin resolverse. Aquí no hay liderazgo transformador, solo un recordatorio de que en tiempos de crisis, las ceremonias de reconocimiento son más sintomáticas que significativas.

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El Congreso como palanca de transformación

En su primer año al frente de la Jucopo, el diputado Francisco Vázquez logró algo poco común en la política mexiquense: consolidar al Poder Legislativo como un verdadero actor estratégico en la construcción del llamado “segundo piso” de la Cuarta Transformación. Los números son relevantes —95 % de iniciativas aprobadas por unanimidad y más de 748 presentadas—, pero lo sustantivo fue la capacidad de articular consensos entre fuerzas históricamente enfrentadas y traducirlos en resultados tangibles. La coordinación estrecha con la gobernadora Delfina Gómez y el Poder Judicial no es circunstancial: Vázquez se convirtió en operador central para mantener cohesión legislativa, generar marcos normativos y proyectar gobernabilidad en un estado donde las inercias suelen imponer parálisis. Al menos un año más continuará presidiendo la Jucopo, lo que garantiza continuidad en la estrategia. Delfina no solo puede estar satisfecha; tiene motivos para estar verdaderamente respaldada: en Vázquez ha encontrado a su mano derecha para que el Congreso no administre inercias, sino que funcione como palanca efectiva de cambio estructural.

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El nuevo Poder Judicial sacude inercias

La instalación del nuevo Poder Judicial del Estado de México empieza a mostrar sus primeros efectos en la estructura interna. La transición hacia un modelo que promete mayor independencia, transparencia y rendición de cuentas no solo redefine el rol institucional, sino que también provoca una sacudida natural en la llamada “burocracia dorada”: posiciones clave heredadas de anteriores gestiones comienzan a reacomodarse. Un ejemplo reciente es la renuncia de Víctor Romero Salgado, exsecretario particular de Ricardo Sodi y, hasta hace poco, director general de Vigilancia. No es un caso aislado: se anticipa una salida escalonada de perfiles vinculados a la administración anterior, reflejo de un proceso de depuración que busca alinear estructuras con un nuevo proyecto judicial. La expectativa es alta: la independencia prometida deberá traducirse en decisiones que fortalezcan la justicia, no en simples relevos de nombres.