Polémica por la “Ley Censura”: alertan grave retroceso en la libertad de expresión en México
CIDUAD DE MEXICO.- La iniciativa de reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum durante abril de 2025, ha desatado una fuerte polémica entre organizaciones civiles, medios de comunicación, expertos y organismos internacionales.
Apodada ya como “Ley Censura”, la propuesta ha encendido alertas por su potencial impacto en la libertad de expresión, el acceso a la información y los derechos digitales en México.
Presentada como una medida para frenar la propaganda política extranjera —tras la transmisión de anuncios antiinmigrantes de Donald Trump en Televisa—, la iniciativa va mucho más allá. Entre sus disposiciones más controvertidas, se encuentra el reemplazo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) por la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), un organismo bajo control directo del Ejecutivo federal, lo que elimina la no ingerencia en temas de relevancia social.
La ATDT tendría amplios poderes, como el de bloquear plataformas digitales por presuntos “incumplimientos” sin necesidad de orden judicial, según su artículo 109.
La redacción ambigua del texto legal —sin definir qué constituye un incumplimiento ni quién puede ordenar el bloqueo—, ha encendido las alarmas por el riesgo de censura arbitraria.
Otro punto crítico es la creación de un registro obligatorio de usuarios de telefonía móvil, similar al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), el cual fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte en 2022.
La falta de claridad sobre el uso de esta base de datos y los riesgos de vigilancia masiva, han sido duramente criticados por organizaciones como R3D y Artículo 19, entre otros especialistas y académicos.
Además, la ley transferiría al gobierno federal la supervisión de contenidos, incluyendo la posibilidad de sancionar a medios por transmitir información “inapropiada”, lo que limita la autonomía editorial y abre la puerta a la censura directa e indirecta.
La iniciativa fue aprobada en comisiones del Senado en fast track, sin modificaciones de fondo ni un proceso de consulta abierto con la sociedad civil, expertos o medios. Esta falta de diálogo ha sido calificada como autoritaria por legisladores de oposición y defensores de derechos humanos.
Reacciones y Retrocesos.
Frente a la presión nacional e internacional, la presidenta Sheinbaum propuso revisar el artículo 109 y abrir un proceso de discusión. Sin embargo, tanto la oposición (PRI, PAN y MC) como organismos como la ONU-DH y la International Chamber of Commerce México, consideran que los cambios ofrecidos son insuficientes y que el proyecto sigue representando una amenaza latente a los derechos fundamentales.
“El simple hecho de permitir el bloqueo de plataformas sin orden judicial viola principios constitucionales y tratados internacionales”, advirtió Artículo 19, mientras que R3D comparó el proyecto con leyes represivas en regímenes autoritarios de América Latina.
Más allá del contenido específico de la iniciativa, preocupa la tendencia a concentrar el poder regulador en manos del Ejecutivo y debilitar órganos autónomos. La eliminación del IFT y la discrecionalidad con la que podría operar la ATDT, recuerdan medidas adoptadas en países como Venezuela o Nicaragua, donde el control estatal sobre medios y telecomunicaciones derivó en persecución a la prensa y cierre de espacios críticos.
Conclusión
La “Ley Censura” plantea riesgos significativos para la libertad de expresión en México debido a su potencial para bloquear plataformas digitales, crear registros invasivos y concentrar el control en el gobierno.
Aunque este mismo ha prometido ajustes, la falta de claridad en la redacción y el proceso apresurado han generado desconfianza.
Organizaciones civiles y la ONU han instado al Senado a garantizar un debate amplio y a alinear la ley con estándares internacionales de derechos humanos.
El control del Ejecutivo sobre la ATDT, combinado con los poderes de la “Ley Censura”, representa una amenaza significativa para la libertad de expresión y la democracia en México, al eliminar la independencia del organismo regulador, permitir bloqueos sin supervisión judicial y facilitar la vigilancia, la ley otorga al gobierno herramientas para silenciar disidencia, inducir autocensura y debilitar el debate público.
Para mitigar estos riesgos, sería crucial restablecer un regulador autónomo, garantizar procesos judiciales para cualquier restricción y alinear la ley con estándares internacionales.
