Política y Gobierno: Pegasus pasó de arma del poder a delatar la red de sobornos de Peña
****Un nuevo escándalo de corrupción alcanza al expresidente: empresarios israelíes revelan un presunto soborno de 25 millones de dólares a cambio de contratos de seguridad. La denuncia no viene de antiguos aliados
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Por años, Enrique Peña Nieto fue el símbolo del pacto no escrito entre élites mexicanas: un expresidente no se toca. Su salida del poder en 2018 —elegante, sin ruido ni persecución— fue entendida como un cierre limpio. Cedió el paso a un nuevo régimen, evitó confrontaciones y se exilió en paz. No hubo vendetta, ni juicio, ni escándalo abierto. Había, en el fondo, un equilibrio: Peña no estorbaba, y el sistema no lo tocaba. Hasta ahora.
La revelación reciente de un presunto soborno millonario vinculado al software espía Pegasus ha roto el hechizo. La acusación no vino del gobierno mexicano ni de un tribunal local, sino de un arbitraje privado en Israel entre antiguos socios comerciales del expresidente.
El resurgir del expresidente
Peña reapareció este recientemente en un documental discreto pero oportuno. Defendió el proyecto del aeropuerto de Texcoco con voz serena y frases calculadas: “No se ha acreditado, ni probado, ni evidenciado un manejo irregular”. El mensaje no era técnico, sino político. No se trataba de infraestructura, sino de defensa preventiva. Eligió hablar ahora porque el reloj de la Corte se reinicia: el próximo septiembre, los nuevos ministros electos por voto popular asumirán funciones y con ellos se esfuma la última línea de defensa institucional que lo resguardaba.
Durante su sexenio, Peña nombró a dos ministros clave: Javier Laynez y Norma Piña, esta última presidenta de la Corte hasta 2025. Fue esa Corte la que blindó durante años varios litigios sensibles: expropiaciones del NAIM, disputas por concesiones, amparos empresariales. Pero el mapa ha cambiado. La Corte que él ayudó a construir ya no es la misma, y el equilibrio que lo sostuvo ha dejado de existir.
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El origen del deshielo
En paralelo, pocos días después, de acuerdo con información del medio The Market, se reveló que Peña Nieto habría recibido 25 millones de dólares de dos empresarios —Uri Ansbacher y Avishai Neriya— para facilitar contratos de seguridad, entre ellos, el del software Pegasus. El dinero, según consta en un acuerdo conciliatorio firmado en 2024, habría sido una “inversión conjunta en una figura de alto rango” a la que el documento llama “el N”. No hay mucho que deducir: el N era Peña. Los pagos, aparentemente destinados a su campaña presidencial de 2012, abrieron las puertas a una serie de contratos que incluyeron espionaje masivo contra periodistas, defensores de derechos humanos y opositores.
El equilibrio roto no es moral. Es estratégico. La impunidad no se derrumba por escándalo, sino por cálculo. Peña Nieto dejó de convenir y sus antiguos aliados —empresarios, burócratas, diplomáticos— han empezado a ventilar sus secretos.
Escándalos financieros: una red densa
Peña Nieto no enfrentó un escándalo, sino una constelación de ellos. Algunos, económicos y documentados:
- Pegasus: contratos millonarios para espiar a más de 15,000 personas entre 2012 y 2018.
- Odebrecht: sobornos para obtener contratos y financiar la campaña presidencial de 2012.
- Fertinal y Agro Nitrogenados: compras a sobreprecio que provocaron pérdidas millonarias a Pemex.
- NAIM y el Tren México-Toluca: megaproyectos sobreejecutados y marcados por sobrecostos, adjudicaciones opacas y empresas como OHL.
- La Estafa Maestra: 7,600 millones de pesos desviados mediante universidades y empresas fantasma.
- BlackRock: asociación preferencial en inversiones estratégicas, con beneficios irregulares en gasoductos y carreteras.
- Grupo Higa: constructor de la Casa Blanca y beneficiario de contratos por más de 8 mil millones de pesos.
- Rodarte y el “Museo del Presidente”: presuntas bodegas de dinero en efectivo relacionadas con desvíos operados desde el Estado de México.
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Escándalos estructurales y de derechos humanos
Otros, de carácter estructural y ético:
- Ayotzinapa: la desaparición de 43 normalistas en 2014. El caso fue encubierto desde el gobierno federal, hoy considerado crimen de Estado.
- Plagio en la tesis: un símbolo de la cultura de simulación que marcó su mandato.
- Uso del avión presidencial: giras internacionales con familiares, amigos y empresarios sin funciones oficiales.
- Campañas de propaganda: millones de pesos públicos usados para crear una imagen presidencial artificial y blindar su reputación mediática.
Un silencio administrado
Durante años, Peña Nieto cultivó el silencio como forma de protección. Nunca respondió a fondo por la “Casa Blanca”, ni por Odebrecht, ni por Ayotzinapa. Su defensa fue la omisión. Su estrategia: la distancia. Desde España o República Dominicana, se dejó desvanecer como figura pública. Pero nunca dejó de observar. Eligió su momento para reaparecer, justo cuando el sistema que lo protegía se cae. No es casualidad, es cálculo.
El pacto se rompe
La transición mexicana había establecido una regla tácita: los expresidentes no se juzgan. A cambio de entregar el poder sin resistencia, los exmandatarios conservaban inmunidad de facto. Fox, Calderón y Peña jugaron con esas reglas. Pero hoy, ese pacto ha perdido sentido: no rinde beneficios. Peña ya no tiene votos, ya no controla agendas, ya no bloquea decisiones. No conviene cuidarlo. Y cuando la conveniencia cambia, cambia también la justicia.
Lo que viene
La reconfiguración institucional —Corte nueva, fiscalías reanimadas, jueces electos— plantea una pregunta ineludible: ¿qué ocurre cuando la justicia deja de estar congelada? Peña Nieto ha querido fijar su relato antes de que otros lo cuenten por él. Pero sus palabras ya no tienen el peso de antes, porque el contexto ha cambiado. El equilibrio ha sido roto, no por ética sino por oportunidad. La impunidad no ha terminado, pero se ha vuelto incómoda.
En el nuevo tablero, Peña ya no es un expresidente intocable. Es un jugador expuesto.
Y en política, cuando se rompe el equilibrio, alguien siempre paga la cuenta.
