La pregunta no es si el pueblo tiene derecho a inconformarse, sino si el Estado tiene el deber de permitir que la libertad de unos se imponga sobre el derecho de todos.

Redacción AD

En nombre del derecho a manifestarse, un puñado de piperos puede hoy colapsar avenidas, escuelas y hospitales, mientras la autoridad observa con la serenidad del que confunde tolerancia con parálisis. El Operativo Caudal desató bloqueos en todo el valle y lo que parecía una protesta legítima se volvió chantaje colectivo. La pregunta no es si el pueblo tiene derecho a inconformarse, sino si el Estado tiene el deber de permitir que la libertad de unos se imponga sobre el derecho de todos. Porque democracia no es permisividad, y la autoridad que no hace valer la ley deja de ser prudente para volverse irrelevante.

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Orden sin violencia

No se trata de reprimir, sino de preservar el orden público con los mecanismos que la ley prevé y la firmeza que exige el interés colectivo. La autoridad no requiere toletes ni gases, sino convicción y claridad en el ejercicio de su deber. Permitir el caos en nombre de la prudencia es una forma de renuncia. El uso legítimo de la fuerza pública es precisamente eso: legítimo cuando se aplica con proporcionalidad y respeto. La democracia no se quiebra cuando el Estado actúa, se debilita cuando se abstiene por temor a parecer autoritario. El Estado de derecho no se sostiene en el discurso, sino en la coherencia de quien hace valer la ley sin humillar a nadie.

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El síndrome del Bloque Negro

Los que abusan de la paciencia del Estado conocen bien el juego: provocar, excederse, tensar los límites de la tolerancia hasta que la autoridad parezca culpable haga lo que haga. Es el síndrome del Bloque Negro, donde toda acción se diseña para exhibir al régimen como represor si actúa, débil si no lo hace, y omiso si intenta mediar. Detrás de esas protestas no solo hay reclamos, sino intereses aviesos que convierten la inconformidad legítima en estrategia política. En esa trampa pendular —entre el miedo a reprimir y el costo de no intervenir— se juega la verdadera prueba del progresismo en el poder: demostrar que puede imponer orden sin renunciar a sus principios. Esa es la paradoja que debe resolver.

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La ley no se negocia

El Operativo Caudal no fue un arrebato político: tuvo el respaldo del Poder Judicial, cada clausura y decomiso sustentado en órdenes debidamente emitidas. No se trata de linchar ni de aplaudir, sino de entender que los conflictos con el Estado se resuelven por la vía legal, no bloqueando avenidas ni midiendo fuerzas en la calle. Los afectados no son víctimas si el proceso les concede recursos de defensa; son justiciables en un Estado de derecho. En cambio, los medios deberían abandonar el reflejo binario de siempre —buenos contra malos, débiles contra fuertes, Estado contra ciudadano—, porque esa narrativa es cómoda, pero mentirosa. La democracia se degrada cuando la prensa sustituye el análisis por sentimentalismo y la justicia por espectáculo.

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¿Quién organizó y financió los bloqueos?

Detrás de los bloqueos no hubo espontaneidad, sino estructura, dinero y cálculo político. El negocio del agua en el Estado de México funciona como un sistema paralelo, donde sindicatos y grupos de presión administran el recurso como botín: USON, ACME y el 25 de Marzo, encabezados por figuras como Guillermo Fragoso Báez “El Memo”, Christian Jesús Castillo Grimaldo “El Jimmy” y Jafet Soto, todos señalados por extorsión, cobro ilegal y control de tomas clandestinas. Detrás de ellos asoma la mano de Antorcha Campesina, vieja escuela del clientelismo que todavía sabe cómo movilizar masas y paralizar gobiernos. Los reportes oficiales sostienen que el Operativo Caudal golpeó de lleno sus redes económicas y que los bloqueos fueron la reacción de quienes perdieron el negocio del huachicol del agua, no de ciudadanos sedientos. Si esta semana, como se anticipa, se giran órdenes de aprehensión, se sabrá si el Estado mantiene el pulso o vuelve a mirar hacia otro lado. Porque mientras el agua siga en manos de mafias disfrazadas de sindicatos, la protesta dejará de ser un derecho y volverá a ser un negocio.