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***El alcalde de Lerma prepara su salida del PRI por incongruencia política, mientras los organismos y partidos mexiquenses repiten rutinas de poder y gasto público

A tono de primicia: el próximo alcalde en abandonar las siglas del PRI será Miguel Ángel Ramírez Ponce, presidente municipal de Lerma. Su decisión no nace del oportunismo, sino del hartazgo. Ha dicho en privado —con serenidad, no con rabia— que no comparte la conducción política del priismo nacional, dominado por una dirigencia que impone línea sin escuchar a quienes aún trabajan en territorio. Considera incongruente golpear a la gobernadora Delfina Gómez, cuando ha sido precisamente el gobierno estatal el que más ha invertido en el municipio y en la región. Su salida marcará algo más que una ruptura: el aviso de que los viejos cuadros priistas con trabajo real prefieren la dignidad a la sumisión. En Lerma, la lealtad empieza a definirse por resultados, no por consignas.

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La buena familia y sus malas costumbres

En Toluca, las llamadas buenas familias suelen jurar que representan el orden, la moral y la tradición. Pero basta un conflicto de herencia para ver la podredumbre bajo la etiqueta. En la Universidad Isidro Fabela, el pleito entre los hermanos Ricardo, Adriana, Marina y Alma Mercado Galán —herederos de una de las fortunas más discretas del peñismo— desnuda lo que siempre se oculta tras la fachada del linaje. Ricardo, casado con una hermana de Luis Miranda, aquel operador mayor del sistema, habría maniobrado para despojar a sus hermanas de su parte accionaria, especialmente a Alma, en una disputa que ya derivó en querellas y violencia física. No se trata de un simple pleito doméstico, sino de un laboratorio de clase: donde la propiedad privada se confunde con derecho divino, y la universidad, que debería educar, termina siendo un campo de batalla por rentas, poder y apellido. Lo verdaderamente interesante será observar si la autoridad actúa con justicia o con genuflexión, porque en este país el apellido aún pesa más que el delito.

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Democracia de alto costo

El IEEM presentó su propuesta de presupuesto para 2026: más de dos mil 200 millones de pesos, de los cuales mil 58 millones irían directo a los partidos políticos. Lo llaman “fortalecer la vida democrática”; la gente lo entiende como financiar clientelas con dinero público. La presidenta del instituto, Amalia Pulido, dice que “harán más con menos”, aunque en los hechos el recorte es de apenas 2.6 %, una reducción simbólica frente a una estructura que sigue viviendo en el privilegio. La paradoja es obscena: mientras los ciudadanos pagan transporte más caro y servicios precarios, los partidos se reparten casi la mitad del presupuesto electoral en un año sin comicios. “Hacer más con menos” suena a broma cuando el exceso es la regla y la austeridad solo se exige al votante. Si la democracia cuesta tanto, quizá no sea democracia, sino un sistema de mantenimiento político financiado por quienes ya no creen en él.

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Los encaramados del PAN

El PAN en el Estado de México acaba de renovar consejeros estatales y nacionales, pero la palabra “renovar” sobra: son los mismos de siempre, los que llevan una década ganando cargos mientras el partido pierde votos. En la asamblea estatal, dos mil 152 delegados ratificaron una supuesta “unidad rumbo a 2027”, que en realidad es un pacto de autoconservación. Exalcaldes, exdiputados y operadores reciclados ocupan otra vez los asientos del poder interno. Se aferran al cascarón de un partido que ya no inspira, pero que aún reparte credenciales y contratos. En el PAN mexiquense, la alternancia es mito: cambian las fotos, no los dueños del encuadre.

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Cuando la limpieza huele a moho

Nada revela mejor la salud de un gobierno que la forma en que gasta el dinero público. En el SEIEM, la transparencia es un número más que una virtud. La licitación 44074001-005-2025 dejó un reparto de 447 millones de pesos entre las mismas empresas de siempre: Diagár Studio, Cachembo, Najal Productos Mexiquenses, Stratford Hoxton, IVOS de México, Moto Outlet y Broxel, todas impecablemente aprobadas, todas beneficiadas. Un concurso sin manchas, pero con un hedor de rutina. En esta operación, Magdaleno Reyes Ángeles no es un testigo: es el responsable político de un sistema que confunde el cumplimiento técnico con la rendición de cuentas. Lo suyo no fue un acto de corrupción, sino algo más fino y más corrosivo: la perfección burocrática al servicio de la costumbre.