Lo que se juega no es su libertad, sino el relato: si logra que el público lo vea como víctima, la Fiscalía quedará obligada a justificar cada paso y el crimen organizado habrá aprendido otra lección de comunicación política.

La repentina exposición mediática de Jafet Sainz, líder de ACME, no es un acto de valentía: es una maniobra preventiva. Mientras la Fiscalía del Estado de México prepara la redada final del Operativo Caudal, Sainz intenta convertir su biografía judicial en relato de redención. La entrevista en Penitencia, conducida por Saskia Niño de Rivera, es el punto de partida de una estrategia de presión pública cuidadosamente calculada: victimizarse antes de ser detenido, narrar persecución política antes de que se le exhiba como parte de la red que controla el mercado negro del agua. El gesto revela un intento de apropiarse del discurso moral antes de perder el control de los hechos: transformar la inminencia de la captura en un acto de resistencia simbólica. Es la vieja táctica del poder subalterno: dar la entrevista antes de la orden de aprehensión, fabricar empatía antes de la evidencia. Lo que se juega no es su libertad, sino el relato: si logra que el público lo vea como víctima, la Fiscalía quedará obligada a justificar cada paso y el crimen organizado habrá aprendido otra lección de comunicación política.

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El simulacro moral

La derecha mexicana ha descubierto en cada tragedia un espejo útil para fingir conciencia. El asesinato del alcalde de Uruapan fue convertido por sus voceros en mercancía política y el espectáculo llegó al Edomex con el oportunismo habitual. En Metepec, el alcalde Fernando Flores, prianista de vocación tardía y empresario de contratos opacos, intenta usar el crimen ajeno para maquillar su propia historia. Para tener autoridad moral, Fernando primero tendría que devolver al pueblo oaxaqueño los más de 200 millones de pesos que el gobierno actual le reclama haber defraudado a través de su empresa CIFO Technologies, vehículo del saqueo y del cinismo. En Toluca, Melissa Vargas, otra sobreviviente del viejo régimen, reclama ética pública mientras omite el acto que la condena: apoyar y legitimar a Raymundo Martínez, hoy preso por secuestro. Ambos ejercen una retórica de pureza que ofende la inteligencia colectiva. Su palabra carece de peso moral porque no se sostiene en la verdad ni en la responsabilidad. Fingir indignación ante la violencia cuando se ha sido parte de su incubación es un gesto que huele a cinismo y a miedo. No hay derecho a exigir justicia desde la impostura.

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Oposición en estado de negación

Las posibilidades de que la oposición —PRI, PAN y MC— tenga éxito en las elecciones intermedias de 2027 en el Edomex son prácticamente nulas. Si se toma como referencia la elección federal previa, el dato es demoledor: de los 40 distritos federales mexiquenses, solo el PAN logró tener más votos en uno: el 22 de Naucalpan. PRI y MC perdieron “zapato”, sin un solo distrito que mostrar. Ese marcador explica su presente conducta: no actúan desde la estrategia, sino desde la desesperación. Lo que exhiben no es oposición política, sino síndrome de extinción. Fenomenológicamente, su reacción es la de un organismo que, al percibir su disolución, busca cualquier estímulo para fingir que aún tiene pulso. Epistemológicamente, la derecha ya no describe el mundo que habita: se aferra a categorías muertas —orden, progreso, familia— como si invocar viejas palabras restituyera viejos privilegios. Lo que hoy llaman “lucha por la democracia” es, en realidad, nostalgia del mando perdido. Tras ellos, los intereses económicos que los financiaron durante décadas esperan reabrir el país que los hizo ricos; pero ese México ya no existe, y lo que intentan resucitar es solo el reflejo de su propia ruina.

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La paz fingida

La UAEMéx presume el regreso a la normalidad, pero su calma es prestada. La mayoría de las facultades reanudó clases, sí, pero Lenguas mantiene un paro parcial y en Artes persiste la tensión: grupos estudiantiles han amagado con reactivar la protesta si no hay respuesta al pliego. No es solo una disputa por aulas o mantenimiento; no es solo infraestructura, es legitimidad institucional. El movimiento universitario no exige volver al pasado, sino que la autoridad demuestre que el orden que impone es justo. Las autoridades están obligadas no solo a restablecer el orden, sino a justificar el orden que restablecen. Volver a dar clases sin atender las demandas es reparación funcional, pero no reparación moral. La universidad intenta restituir la rutina, pero no la confianza; el ruido de los pupitres no tapa el silencio ético. Mientras la administración busque clausurar el conflicto sin comprenderlo, el paro seguirá siendo el síntoma de una enfermedad que la institución finge haber curado.

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“Se necesitaba un movimiento radical para empezar a transformar la universidad”

El Conversatorio AD con el secretario de Educación estatal, Miguel Ángel Hernández Espejel, es una pieza imprescindible para comprender el fondo del conflicto universitario. Lejos del discurso burocrático, el funcionario habla con claridad sobre lo que encontró en el sistema educativo: una estructura capturada por el amiguismo y la rutina. Reconoce que el paro en la UAEMéx no fue una desgracia, sino una oportunidad histórica para remover inercias. “Se necesitaba un movimiento radical para empezar a transformar la universidad”, afirma, y remata: “Este movimiento llegó a darle un aire nuevo… hay que aprovecharlo”. Es, quizá, la lectura más lúcida que ha hecho un integrante del gabinete sobre el sentido profundo del conflicto: el poder no siempre cambia por decreto, a veces cambia por sacudida. El diálogo completo está disponible en AD Noticias; vale la pena escucharlo sin prejuicio, porque entre líneas deja ver cómo el gobierno estatal concibe la educación como un acto político y moral, no administrativo.